El empleo en las parroquias rurales: una deuda estructural
Una apología a la decadente situación laboral que enfrenta el sector rural en Ecuador, a la luz del manejo de los datos oficiales.
Por Sebastián Tamayo Villarroel*
El debate laboral en el sector rural del Ecuador configura un debate histórico y romántico respecto a premisas como “el campo alimenta la ciudad”, sin embargo, la materialidad de las políticas laborales en este sector no advierte reducción alguna de las brechas frente a lo urbano, por el contrario, la brecha se acrecienta en los últimos diez años.
La Constitución de la República del Ecuador (CRE) del 2008, reconoce dentro del modelo de descentralización y autonomía, tres niveles de gobierno, esto es el provincial, el cantonal y el parroquial rural. Conforme el modelo de equidad territorial inscrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) distribuye la asignación, por parte del Gobierno Central, hacia los gobiernos autónomos. Destina el 63% para 221 municipios, 27% para 23 prefecturas y apenas el 6% para 821 gobiernos parroquiales rurales.
Si bien el legislador consideró el nivel de gobierno parroquial, esto responde a una lucha histórica gremial de organizaciones de dase quienes pujaron para conseguir mejores días para la gente de la jurisdicción rural, frente a innumerables problemáticas, entre ellas en materia laboral. Si bien las intenciones han contribuido a la ruralidad, las cifras dan cuenta que la política pública, específicamente en materia laboral, queda una deuda estructural.
De acuerdo con la información y categorización de empleo, inscrita en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), anual del 2022; el empleo adecuado en el sector rural registra el 19,3% frente al urbano con el 42,3%; el subempleo rural el 23,4%, el urbano 21,6%; otro empleo no pleno rural 35,1%, urbano 25,5%; y empleo no remunerado en el sector rural ocupa 20% mientras el urbano 4,7%. Estas cifras advierten, a simple vista que las brechas son reales y cuantificables.
GRÁFICO: SECTORIZACIÓN DEL EMPLEO – SECTOR FORMAL
Por su parte la sectorización del empleo en los datos oficiales, da cuenta de cuatro categorías, el sector formal, informa, doméstico y no clasificado.
De acuerdo con la ilustración expuesta, entre diciembre de 2013 y abril de 2023, el sector formal en el sector urbano decreció en 6,60% mientras que el rural decrece 5%; sin embargo, esta categoría en la urbanidad llega al 55,30% mientras que en la ruralidad 18,60%. Alarmante pues da cuenta que la brecha entre lo urbano y rural en el 2013 fue de 38,30% y en el 2023 fue 36,70%, en favor del sector urbano.
En concordancia, la ilustración 2 contrapone el sector informal entre lo urbano y lo rural donde se aplaude el decrecimiento en el sector urbano del 10,60% entre 2013 y 2023; y del 17,60% en la ruralidad. Sin embargo, la brecha de desigualdad, en perjuicio del sector rural en 2013 registra el 31,30% y en 2023 el 38,20%.
Además, el Banco Mundial expone cifras respecto a la población rural, en el 2013 representó el 37%, mientras que en el 2023 el 35% del total de la población del país. Es decir, en 10 años la población rural redujo dos puntos porcentuales: la población persiste y las brechas también.
El reto frente a la situación laboral del sector rural comprende una deconstrucción estructural que permita fijar la mirada con especial énfasis en la dinámica rural que comprende entender la concepción del trabajo de los concheros, cangrejeros, pescadores artesanales, agricultores, ganaderos, entre otros oficios que, por la naturaleza de la actividad, difícilmente puedan claudicar a los preceptos urbanos.
La filantropía retórica del “campo alimenta a la ciudad” debe revertirse en discriminación positiva para quienes dirimen la política pública en el país.
Navegando en los datos del universo STEM desde una perspectiva de género
Por Laura Melisa Pinzón Medina*
La necesidad urgente de acciones que promuevan la igualdad de género en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), son fundamentales no solo para empoderar a las mujeres individualmente, sino también para enriquecer y diversificar el panorama tecnológico y científico del Ecuador; y ante un nuevo capítulo en la historia política del país que abre la posibilidad de cambio en sus políticas públicas, o al menos de un reenfoque, poner sobre la mesa el tema de las oportunidades para la juventud con un enfoque de género, es clave.
Es cierto que el tema de inseguridad está abarcando la agenda nacional, sin embargo, es necesario asegurar que de manera simultánea a la atención que se presta a situaciones coyunturales, nos pensamos en prospectiva, nos pensamos para un proyecto de país.
Hace poco en un encuentro con adolescentes y jóvenes de parroquias rurales de Quito, conversando sobre su futuro, me quedó claro que las carreras STEM no estaban entre sus primeras opciones. Entre los diversos argumentos para desestimar estas carreras en pleno auge de la inteligencia artificial, eran evidentes los estereotipos de género.
Hablar de la feminización y masculinización de las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales como fenómeno que reproduce la división sexual del trabajo y los roles de género tradicionales, no es nuevo, pero, aun así, me propuse investigar si solo era una cuestión aislada o realmente los datos mostraban un estado de situación y si había algo que se pudiera hacer.
La primera pregunta que me vino a la mente fue ¿cómo puedo medir esta situación? Es decir, qué datos me permitirán identificar no solo el estado de situación sino de donde pueden surgir estas decisiones.
La literatura académica me daría pistas, sin embargo, apelando al uso y disponibilidad de datos abiertos me propuse investigar la participación de género en carreras STEM en el país. El primer eje serán las estadísticas desde una perspectiva comparada sobre la formación en asignaturas que en la escuela y el colegio se relacionan con las carreras STEM, buscando tendencias a lo largo del tiempo para identificar posibles cambios en los resultados del aprendizaje relacionados con la participación de género en estas carreras ¿ha habido mejoras o retrocesos en los últimos años?
Un segundo eje explora cómo los factores socioeconómicos y culturales influyen en las decisiones de las jóvenes al elegir carreras. ¿Existen estigmas sociales asociados con ciertas profesiones que afectan más a un género que a otro?
Respecto a este último es interesante mencionar la experiencia en la búsqueda de datos abiertos.De acuerdo con datos de Ser Estudiante, para el último ciclo 2022-2023, el nivel de logro para Matemática no difiere mucho desde una perspectiva de género (ver gráfico), y sucede lo mismo con otras materias como Química, Física o Biología. Claro, los resultados en general no son muy alentadores, pero eso es otro tema que no abordaré en este espacio
Esto significa que materias clave o base para continuar con los estudios superiores en STEM, tienen los mismos resultados de logro. No hay diferencia ni sustento para mencionar que un género es mejor que otro. De manera general el gráfico muestra un comportamiento similar para todos los niveles educativos en el periodo2020-2021 y 2021-2022
No obstante, al revisar los datos de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, el escenario en carreras STEM presenta brechas críticas. En el año 2021, las mujeres tenían una tasa de matriculación del 57% aunque las carreras con mayor presencia efectivamente eran aquellas asociadas a cuidados. En el gráfico se puede observar que la participación de hombres en carreras como tecnologías de la información o ingenierías, casi que triplica en diferencia, respecto a las mujeres. Sin embargo, ciencias, matemáticas y estadística tienen un comportamiento más equilibrado, tal vez hemos hecho las cosas mejor en esta línea.
Retomemos la pregunta de la segunda línea de análisis ¿existen estigmas sociales asociados con ciertas profesiones que afectan más a un género que a otro? Y bueno, acá llegó una pregunta importante ¿existe alguna encuesta que mida esto?
Recordé, por experiencia previa, que, complementario a la información que se levanta con la evaluación del aprendizaje Ser Estudiante y en su momento Ser Bachiller, también se realiza una encuesta denominada factores asociados “…los mismos que nos permiten conocer la estructura del sistema educativo y sus componentes esencialmente cualitativos” (Ineval, SF).
Sin embargo, al iniciar la búsqueda en el portal de datos abiertos, aparentemente no existía información y solo cuando ingresé al portal específico del Ineval, al desplegar la información de cada prueba, me fue posible acceder a estas bases. Los factores asociados se presentan para estudiantes, docentes, directivos y padres de familia y en su diccionario se encuentran desagregados dominios y constructos, donde encontré dos categorías relacionadas “acceso a TIC en el hogar y acceso a TIC en la Escuela” Sin embargo, me pareció muy básico conectar el tener una computadora como factor determinante para decidir estudiar o no una carrera STEM, al fin y al cabo este aspecto ya se volvió una herramienta cotidiana.
El área de matemática y de otras complementarias en el bachillerato, en cuanto a puntaje obtenido en el nivel de logro no presentan mayores diferencias entre género, por lo que no podría identificarse este factor influyente en la decisión de elegir una carrera. De manera complementaria a este artículo se podría analizar el contexto familiar y educativo, en el que se identifiquen ideales o expectativas inciden en las jóvenes. Complementando con encuestas disponibles de cultura política, género o similares.
Navegando en las bases de datos del PNUD me encontré con el Índice de Normas Sociales de Género (GSNI) que cuantifica los prejuicios contra las mujeres y captura las actitudes de las personas sobre los roles de las mujeres en cuatro dimensiones clave: integridad política, educativa, económica y física. En el caso de Ecuador, que se ubica como país promedio, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas tienen prejuicios contra las mujeres en estos ámbitos. Podría profundizarse en estos resultados y por qué no, incluirlo en las metodologías de levantamiento de información a futuro.
Una gran cuota de responsabilidad recae en quienes deberíamos asegurar mayor acceso a información, que motive la curiosidad de niñas y adolescentes, así como identificar factores que puedan impactar en mantenerse en una carrera de esta línea. La falta de referentes mujeres en esta rama, puede hacer que las jóvenes no se sientan identificadas con estas carreras pues la participación de las mujeres sigue siendo baja en el sector, menos del 20% de las especialistas en el campo, son mujeres (Escuela Politécnica Nacional).
*Nota de descargo
La realización de este artículo fue posible gracias al apoyo de Fundación Datalat con el respaldo de la National Endowment for Democracy (NED) en el marco del proyecto +Datos +Transparencia. El contenido es responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la opinión de Fundación Datalat, NED o el Observatorio de datos abiertos “Al dato”.
Noboa, Patricio, y Andrea Guadalupe (2015) El ‘claustro’ docente en la universidad: rasgo de la colonialidad del poder. En Calidad de la Educación Superior y Género, 261-278.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2023. Índice de normas sociales de género (GSNI) 2023: Romper los sesgos de género: cambiar las normas sociales hacia la igualdad de género. Nueva York. https://hdr.undp.org/content/2023-gender-social-norms-index-gsni#/indicies/GSNI
Jóvenes en Ecuador: Acceso a Educación Superior y Mercado Laboral
Por Gabriel Andrés Ilvay*
*Miembro de Fundación Esquel
Los datos abiertos son una herramienta fundamental para la sociedad civil en su esfuerzo de contribuir al desarrollo económico y social de una población. El acceso libre a información oficial permite caracterizar y comprender diversas problemáticas desde una visión cuantitativa y con una amplitud numéricamente mayor.
Los jóvenes, un grupo clave en el desarrollo en América Latina, tiene un rol importante socialmente pero que, desde una lectura investigativa, se los puede notar relegados. Este artículo propone analizar los retos que enfrentan los jóvenes en cuanto a empleo y educación, utilizando la Encuesta ENEMDU anual de 2009 a 2019. La propuesta de analizar a través de estadística descriptiva puede proporcionar una base sólida para el desarrollo de políticas públicas, siendo estos una parte importante, pero no exclusiva, para la comprensión de un problema social.
Discursivamente la juventud está presente en la cotidianidad, en medios de comunicación, campañas políticas o redes sociales…pero la realidad que viven los jóvenes al tratarse de educación y empleo genera que se ponga en tela de duda la relevancia que tienen frente a la preocupación del Estado. Los jóvenes en el país representan estadísticamente el 20% de la población total. Demográficamente, la población del Ecuador desde 2009 hasta 2019 ha crecido en un 15%, pasando de tener alrededor de 14 millones de habitantes a proyectar en 2019 alrededor de 17,2 millones. Bajo estas proyecciones, los jóvenes han pasado de ser 2,7 millones en 2009 a 3,5 millones en 2019.
En Ecuador, con la Constitución de 2008, los jóvenes son abordados como actores relevantes dentro del desarrollo del país, lo que implica que son una prioridad. Asimismo, se cuenta con una Ley Orgánica de las Juventudes (2022), que define a la población joven como aquella que está compuesta por personas que se encuentran entre los 18 y 29 años. La ley destaca dos derechos clave: el de educación y el del empleo digno. En el artículo 9, se menciona que se garantizará el empleo digno para los jóvenes, enfatizando la responsabilidad del Estado en facilitar el acceso. Así mismo, el artículo 10 menciona el derecho a una educación de calidad, comprometiendo al Estado a la formulación de políticas públicas que aseguren su cumplimiento.
Sin embargo, a pesar de lo discursivo y de las disposiciones legales, los jóvenes en Ecuador enfrentan desafíos significativos. En el país, como menciona la OIT (Cetrángolo, 2020), la transición de un proceso de educación formal a la obtención de un empleo constituye una etapa relevante en la vida profesional de un joven. Esta etapa depende de un conjunto de factores como el grado de escolarización y su nivel socioeconómico. La transición de estas dos etapas no es un proceso lineal, ya que la heterogeneidad de la población juvenil en relación con sus realidades y contextos socioeconómicos generan que algunos consigan empleo durante su proceso estudiantil, otros se vean en la obligación de postergar sus estudios, otros se quedan por mucho tiempo en el desempleo, y unos pocos logran el efectivo ingreso al mundo laboral bajo un empleo formal (CEPAL/OIT, 2017).
Ante este panorama, para abordar los desafíos y necesidades de una población específica, las políticas públicas son fundamentales para dar cumplimiento a los compromisos estatales. Dentro de este marco, la manera en que se aborda un problema específico se origina desde su misma construcción. La complejidad asignada a una problemática depende de cómo se percibe y comprende, lo cual está intrínsecamente relacionado con las soluciones potenciales que pueden surgir desde los diferentes actores (Fischer, 2007). El objetivo de este artículo es emplear datos abiertos para sugerir cuáles son los retos principales en los ámbitos de la educación y el empleo.
Se propone un análisis de datos extraídos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC, específicamente de los resultados de diciembre de cada año, desde 2009 hasta 2019. El rango de años (una década) se seleccionó para proporcionar un panorama más amplio que permita generar conclusiones a través de estadística descriptiva, teniendo en cuenta que durante esos años los resultados de la encuesta son comparables.
Las bases de datos fueron obtenidas de la página web del INEC. Para los cálculos y el análisis, se utilizaron factores de expansión, lo que permitió ajustar los resultados de la encuesta para que reflejaran de manera representativa la situación a nivel nacional. Se rescataron los datos para aquellas personas que cumplían con ser jóvenes (18-29 años). Los cálculos fueron realizados en STATA 17 y los gráficos generados con la plataforma de datawrapper.
Para este artículo se propone el análisis de cuatro gráficos que permiten considerar la situación de los jóvenes entre 2009 y 2019. En el primer gráfico, es relevante observar la condición de actividad de jóvenes, donde se destacan el empleo adecuado, subempleo y desempleo. Durante la década de estudio, la inclusión laboral de los jóvenes enfrentó posibles desafíos como barreras de ingreso, condiciones materiales, experiencia y edad. El empleo adecuado en jóvenes es un problema relevante: inició con un 35.8% en 2009, alcanzó un pico del 48.3% en 2014, pero descendió al 34.2% en 2019. Asimismo, el subempleo disminuyó en los primeros años de la década, pero aumentó significativamente desde 2015, llegando al 22.2% en 2019. En cuanto al desempleo, tras una disminución de 12.6% a 7.9% en 2014, subió al 9.3% en 2019, reflejando fluctuaciones en la capacidad del mercado laboral para absorber trabajadores jóvenes, demostrando la vulnerabilidad de este grupo social frente a shocks o crisis. Estas cifras responden a los diversos ciclos económicos que ha atravesado el país, lo que crea la necesidad imperante de políticas laborales que se ajusten a las realidades cambiantes del mercado de trabajo juvenil. Los jóvenes se encuentran frente a un escenario laboral cada vez más incierto y competitivo.
Así mismo, es relevante analizar cuál es el porcentaje de jóvenes que logra acceder a educación tecnológica y superior. En promedio, menos del 30% de los jóvenes en el país están matriculados en instituciones de educación superior y tecnológicas. La tendencia temporal muestra fluctuaciones significativas: un aumento del 27,5% en 2009 al 30,4% en 2012, seguido de una disminución hasta el 23,6% en 2014. Si bien hubo una recuperación porcentual en 2016 y 2017, en 2019, la matriculación alcanzó el 26,1%. Las fluctuaciones en los porcentajes que existieron durante la década de estudio muestran que el problema del acceso a educación superior sigue siendo un asunto sin mejora aparente. A partir de estos datos, se pueden indicar varios factores subyacentes que afectan la decisión educativa de los jóvenes que merecen estudio. Los ciclos económicos que afectan las dinámicas de subsistencia familiar, así como el desafío para acceder a educación superior, pueden ser factores que alimenten esta cifra. Es importante destacar que, las más grandes universidades y de mayor prestigio se encuentran en las principales ciudades del Ecuador, lo cual es un limitante para aquellos jóvenes de otras zonas del país.
A partir de las cifras relacionadas a la condición de actividad de los jóvenes y las de aquellos que estudian en IES, se muestra relevante analizar la Tasa Bruta de Participación (TBP). Esta tasa refleja a aquella población que participan en la fuerza laboral, lo que incluye tanto a los jóvenes empleados como a los que buscan activamente empleo. En la década estudiada, la TBP juvenil en Quito fue del 60.1% (prom.), dato menor que el promedio nacional del 64.5%. Esta cifra sugiere una inserción laboral más temprana de los jóvenes fuera de Quito, lo que se puede atribuir a la necesidad de generar ingresos a más temprana edad o la falta de acceso a estudios.
Aquellos jóvenes que no se encuentran en la Tasa Bruta de Participación son aquellos jóvenes que están dedicados a estudiar a tiempo completo gracias al apoyo material y social que reciben o, por otro lado, son jóvenes que ni estudian ni trabajan (categorizados comúnmente como NINIS). Según los datos compartidos en el gráfico siguiente, en promedio, el 17% de los jóvenes ecuatorianos caen en la categoría de NINIS, con algunas variaciones significativas a lo largo del tiempo. Esta situación refleja una realidad compleja, que evidencia que la ausencia de jóvenes en el ámbito laboral o educativo no siempre es una elección voluntaria. En Ecuador, diversos factores estructurales, como la escasez de oportunidades de empleo, obstáculos en el acceso a la educación y desafíos económicos familiares, influyen en la participación de los jóvenes en el trabajo y en la educación. Buitrón, Jami, y Méndez (2018) señalan que los jóvenes entre 20 y 24 años son los más susceptibles de convertirse en NINIS, especialmente aquellos residentes en áreas urbanas del país.
En relación con el TBP, al Ecuador se le considera que posee una ventana de oportunidad demográfica, ya que la población en edad de trabajar supera a la población inactiva o dependiente, lo que es para el país un escenario propicio para crecer económicamente y generar bienestar en su población (OCDE/CEPAL/CAF, 2016). Sin embargo, el aprovechamiento efectivo de esta ventana de oportunidad requiere políticas que garanticen la calidad de empleo y el acceso equitativo a la educación en los jóvenes, asegurando así que todos estén en un pleno ejercicio de derechos, independientemente de su ubicación geográfica y condición social.
A manera de conclusión, en lo referente al empleo, los jóvenes ecuatorianos enfrentan un mercado laboral incierto y volátil. A pesar de ser un grupo demográficamente significativo, con un 20% de la población total, la falta de empleo adecuado, el aumento del subempleo y desempleo muestran una dificultad en el ingreso al mundo laboral. Estos desafíos, acrecentados por ciclos económicos complicados para el Ecuador, subrayan la urgencia de políticas laborales que se ajusten a las realidades cambiantes del mercado y que atiendan específicamente a las necesidades de los jóvenes.
En segundo lugar, el acceso a la educación superior sigue siendo un derecho por efectivizar. A pesar de la importancia de la educación como un medio para mejorar las oportunidades laborales y de desarrollo personal (Sen, 2000), menos del 30% de los jóvenes están matriculados en IES. Las barreras para ingresar a las instituciones, agravadas por la centralización de estas en las grandes ciudades, reflejan desigualdades significativas y ponen de manifiesto la necesidad de estrategias estatales educativas más inclusivas y accesibles.
Finalmente, es fundamental considerar la heterogeneidad de las juventudes en el Ecuador, las políticas públicas enfocadas en esta población han tendido a beneficiar principalmente a aquellos jóvenes con acceso a recursos y oportunidades educativas más amplias, ya que programas estatales de inserción laboral se han enfocado en aquellos que están estudiando en una IES, que estadísticamente como se observó, son apenas 3 de cada 10 jóvenes. Esta focalización de las políticas puede profundizar las diferencias existentes, dejando en desventaja a muchos jóvenes que enfrentan obstáculos estructurales significativos social y económicamente. Reconocer la diversidad y heterogeneidad de los jóvenes a través de una construcción sociológica del este grupo social en Ecuador es fundamental, y se debe prestar especial atención a las diferentes realidades y necesidades que enfrentan.
Nota de descargo
La realización de este artículo fue posible gracias al apoyo de Fundación Datalat con el respaldo de la National Endowment for Democracy (NED) en el marco del proyecto +Datos +Transparencia. El contenido es responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la opinión de Fundación Datalat, NED o el Observatorio de datos abiertos “Al dato”.
Referencias bibliográficas
Buitrón, K., Jami, V., & Méndez, Y. S. (2018). Los jóvenes ninis en el Ecuador. Revista de Economía del Rosario, 21, 39–80. Recuperado de https://bit.ly/45IkgMj
Cetrángolo, O. (2020). ECUADOR. Jóvenes, empleo y protección social. Lima. Recuperado de https://bit.ly/48DTkPa
CEPAL/OIT (2017). La transición de los jóvenes de la escuela al mercado laboral. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Nº 17. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
CIDJ. (2005). Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. https://bit.ly/2rtLcOb
CNII. (2018). Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. https://bit.ly/3P39K9g
Fischer, F. (2007). Deliberative Policy Analysis as Practical Reason: Integrating Empirical and Normative Arguments. En F. Fischer, G. Miller, & M. Sidney (Eds.), Handbook of public policy analisis. Theory, Politics and Methods (digital, pp. 223–236). New York: CRC Press.
INEC. (2010). Proyecciones poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos. https://bit.ly/2XNgZr6
INEC (2009-2019). Base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y. Subempleo (ENEMDU). Instituto Nacional de Estadística y Censos, Quito-Ecuador.
OCDE/CEPAL/CAF. (2016). Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento. https://bit.ly/3EB0A0Z
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad (1era ed.). Barcelona: Planeta.
Escolaridad inclusiva: el desafío en un Ecuador con discapacidades
Entre los años lectivos 2013-2014 a 2022-2023, 341 302 estudiantes con discapacidad fueron inscritos en unidades educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Hasta el periodo 2020-2021, en promedio se matriculaban 31 595 estudiantes con discapacidad al año. Desde el 2021-2022, el número de estos estudiantes se situó en 46 484. Actualmente son 42 061.
Por Diego Ortiz Jaramillo*
*Profesor en la Universidad Hemisferios
A sus 34 años, Jonathan Tabango ha pasado por al menos 8 instituciones educativas donde ha tenido un reto: que los estudiantes con discapacidad accedan a una educación de calidad. Esto no es sencillo, principalmente en el sistema público ecuatoriano, donde ha visto problemas como escuelas y colegios sin rampas, falta de formación en el profesorado para apoyar a estos alumnos o la poca información sobre cómo adaptar efectivamente las mallas curriculares. Incluso, ha experimentado la presión por parte de padres de familia que quieren que sus hijos estén en clases regulares, aun cuando su discapacidad requiere de nuevos enfoques educativos para un aprendizaje holístico.
Estos son varios de los desafíos en un Ecuador donde la discapacidad es un nuevo factor de estrés en el proceso educativo. En efecto, según datos del Ministerio de Educación, en el último decenio (años lectivos 2013-2014 a 2022-2023) hubo en total de 341 302 estudiantes con discapacidad inscritos en unidades educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. De estos, 7 de cada 10 optaron por estudiar en instituciones fiscales, lo cual debería implicar una mejor preparación de los profesores para recibirlos, sin embargo, en la práctica esto no sucede en todos los casos.
Jonathan es uno de los ejemplos. En sus estudios de posgrado se adentró en la educación inclusiva para comprender cómo trabajar efectivamente con esta población. Pero toda la formación ha sido por cuenta propia. De hecho, explica que los estudiantes con discapacidad, muchas de las veces, terminan siendo vistos como un trabajo extra para el docente, sin que haya incentivos para que los profesores se especialicen en este ámbito.
Uno de los casos que tuvo fue con una estudiante que perdió cerca del 90% de su capacidad visual por una enfermedad degenerativa. En este caso, Jonathan asumió una doble responsabilidad para el diseño de sus clases, dividiendo cada hora en dos partes. Al inicio daba regularmente su cátedra; luego, apartaba unos 15 minutos para que los estudiantes trabajen en grupos. Mientras los otros hacían esto, en esos mismos minutos él se acercaba a la alumna con discapacidad para sintetizar oralmente los contenidos que no logró ver durante la clase.
Hay lineamientos, pero faltan recursos
Como realidades educativas, la discapacidad y la inclusión han sido dos frentes en los que viene trabajando el Ministerio de Educación desde hace algunos años. De acuerdo con la normativa nacional, “las instituciones de educación deberán contar con al menos una o un docente de apoyo a la inclusión que brindará acompañamiento a los docentes que tengan en sus aulas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad para desarrollar estrategias diversificadas, metodologías, así como adaptaciones curriculares individuales que respondan a sus particularidades”.
Este trabajo de apoyo suele recaer en las manos de los miembros del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), conformado prioritariamente por especialistas en psicología. María R. es una de estas profesionales que, en los últimos años, ha visto un crecimiento de la población con discapacidad en el sistema público.
Ella cuenta que los mismos DECE están saturados con casos como violencia de género, acoso, problemas en los hogares, consumo de droga… En fin, una larga lista a la que se suman los estudiantes con discapacidad con quienes, regularmente, “se logra una adaptación curricular muy superficial y que prioriza dar una buena nota, mas no profundizar en contenidos según cada condición”.
El crecimiento de esta población requiere de un abordaje integral, especialmente si se toma en cuenta un factor en especial: la pandemia por el covid-19. En promedio, entre los años lectivos 2013-2014 a 2020-2021 se matricularon anualmente 31 595 estudiantes con discapacidad. Pero en el periodo 2021-2022, el primero con estadísticas reales sobre el impacto de la pandemia, sucedió algo: el número de estos estudiantes se situó en 46 484, es decir, creció 51 puntos con respecto al periodo previo.
A pesar de las cifras, existe una clara ausencia de manuales para comprender, estudiar y mejorar los elementos inclusivos en las aulas. Al respecto, el Ministerio de Educación actualiza periódicamente el Instructivo para la aplicación de la evaluación alternativa a estudiantes con discapacidad, un documento que centra su atención en procedimientos relacionados con la firma de convenios de trabajo con padres de familia y mecanismos de evaluación al estudiante, sin embargo, no es un soporte claro para que el docente sepa cómo dar clases de matemáticas a un estudiante con discapacidad visual o sobre qué hacer en casos de alumnos con movilidad reducida durante la hora de educación física.
“Todo queda a nuestro criterio; el distrito a veces se pronuncia”, señala Alejandra C., profesora de educación básica. En sus casi dos décadas como docente, ella ha tenido que trabajar con media docena de estudiantes con discapacidad. “La verdad toca revisar y revisar maneras creativas para dar esas materias. No es fácil porque ni estudiantes ni padres tienen tiempo para clases extras para reforzar conocimientos”, dice la docente.
La falta de guías es plausible en la propia página del Ministerio de Educación. Los documentos más extensos desarrollados en este tipo fueron elaborados durante los periodos presidenciales de Rafael Correa, completando en conjunto al menos 351 páginas de estrategias de trabajo en el aula para estos casos, disponibles en la página web de esta cartera de Estado. Durante la presidencia de Lenín Moreno aparece otro documento relacionado con la discapacidad visual en la educación intercultural bilingüe. De ahí en adelante, en el portal solamente se pueden encontrar anexos o documentos para desarrollar evaluaciones, más no cuadernillos o material similar que sirva para la formación docente.
Frente a esta situación, el Ministerio de Educación ha establecido una estrategia de educación especializada. Mediante esta, el Gobierno pretende trabajar directamente con esta población para apoyarla en sus procesos formativos. A 2022 se contaron 139 instituciones de este tipo, con 10 181 beneficiarios. Pero todavía quedan más de 30 000 estudiantes que no pueden acceder a estos servicios y que requieren de una atención estratégica para que puedan estar capacitados para los desafíos profesionales y educativos del futuro.
En este complejo escenario, la transparencia de la información y la accesibilidad a los datos abiertos resulta indispensable para identificar nuevos frentes de trabajo colaborativo que unan los esfuerzos de la academia, el gobierno y las empresas. El reto actual es fomentar una sociedad inclusiva que permita una formación académica exitosa a todos sus miembros. Tal como lo reconoce la Unicef en su informe ‘Reconocidos, contabilizados, incluidos: Utilizar los datos para arrojar luz sobre el bienestar de los niños y las niñas con discapacidad’ https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2022/05/Disability-report-executive-summary_ES.pdf : “El seguimiento de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las iniciativas de desarrollo se ha visto obstaculizado durante mucho tiempo por la falta de datos fiables y exhaustivos”. En ese sentido, fomentar una cultura de datos abiertos inclusivos es vital para visibilizar los desafíos y las oportunidades para los estudiantes con discapacidad en el Ecuador.
*Nota de descargo:
– Los testimonios recopilados para esta historia pertenecen a docentes que actualmente trabajan en el sistema público o privado, algunos de los cuales han preferido mantener su confidencialidad. El proceso de recopilación de información incluyó la selección de casos de profesionales ubicados en zonas del norte, centro y periferias del cantón Quito (que en el periodo analizado encabeza el listado de los cantones con mayor número de estudiantes matriculados con discapacidad) y que hayan atendido al menos dos casos de estudiantes con discapacidad en los últimos tres años, o que hayan investigado sobre el tema como parte de sus estudio de grado o posgrado.
– La información para este reportaje ha sido recopilada del portal de Datos Abiertos del Ministerio de Educación y del repositorio digital de dicha institución. Para el análisis se ha optado por un corte pre y pos pandemia, a fin de conocer el efecto de la crisis sanitaria en la población seleccionada. Paralelamente, se hizo una búsqueda específica en Google de archivos tipo PDF que incluyan los términos “discapacidad”, “inclusión”, “inclusiva”, “necesidades educativas especiales” en el dominio www.educacion.gob.ec para conocer cuáles de estos correspondían a manuales o instrumentos técnicos para trabajar en el aula con estudiantes con discapacidad.
– La realización de este artículo fue posible gracias al apoyo de Fundación Datalat con el respaldo de la National Endowment for Democracy (NED) en el marco del proyecto +Datos +Transparencia. El contenido es responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la opinión de Fundación Datalat, NED, la Universidad Hemisferios o el Observatorio de datos abiertos “Al dato”.
Llamado a investigaciones “Explorando el potencial de los datos abiertos”
El Llamado a investigaciones “Explorando el potencial de los datos abiertos”, es un llamado a incentivar el desarrollo de propuestas innovadoras que involucren a los datos abiertos para investigar sobre gobiernos locales, género, ambiente y casos prácticos de uso en el país.
Como parte del proyecto +Datos +Transparencia, impulsado por Fundación Datalat y con el apoyo de National Endowment for Democracy NED, realizamos el concurso de infografías +Allá del rosa y el azul, que tuvo como finalidad evidenciar el uso de datos abiertos, y que el enfoque de género va más allá de usar colores rosa y azul para representar lo masculino y lo femenino cuando se visualiza o presenta información estadística o se construye historias con datos.
