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Entre los años lectivos 2013-2014 a 2022-2023, 341 302 estudiantes con discapacidad fueron inscritos en unidades educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Hasta el periodo 2020-2021, en promedio se matriculaban 31 595 estudiantes con discapacidad al año. Desde el 2021-2022, el número de estos estudiantes se situó en 46 484. Actualmente son 42 061.

Por Diego Ortiz Jaramillo*

*Profesor en la Universidad Hemisferios

A sus 34 años, Jonathan Tabango ha pasado por al menos 8 instituciones educativas donde ha tenido un reto: que los estudiantes con discapacidad accedan a una educación de calidad. Esto no es sencillo, principalmente en el sistema público ecuatoriano, donde ha visto problemas como escuelas y colegios sin rampas, falta de formación en el profesorado para apoyar a estos alumnos o la poca información sobre cómo adaptar efectivamente las mallas curriculares. Incluso, ha experimentado la presión por parte de padres de familia que quieren que sus hijos estén en clases regulares, aun cuando su discapacidad requiere de nuevos enfoques educativos para un aprendizaje holístico.

Estos son varios de los desafíos en un Ecuador donde la discapacidad es un nuevo factor de estrés en el proceso educativo. En efecto, según datos del Ministerio de Educación, en el último decenio (años lectivos 2013-2014 a 2022-2023) hubo en total de 341 302 estudiantes con discapacidad inscritos en unidades educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. De estos, 7 de cada 10 optaron por estudiar en instituciones fiscales, lo cual debería implicar una mejor preparación de los profesores para recibirlos, sin embargo, en la práctica esto no sucede en todos los casos.

Jonathan es uno de los ejemplos. En sus estudios de posgrado se adentró en la educación inclusiva para comprender cómo trabajar efectivamente con esta población. Pero toda la formación ha sido por cuenta propia. De hecho, explica que los estudiantes con discapacidad, muchas de las veces, terminan siendo vistos como un trabajo extra para el docente, sin que haya incentivos para que los profesores se especialicen en este ámbito.

Uno de los casos que tuvo fue con una estudiante que perdió cerca del 90% de su capacidad visual por una enfermedad degenerativa. En este caso, Jonathan asumió una doble responsabilidad para el diseño de sus clases, dividiendo cada hora en dos partes. Al inicio daba regularmente su cátedra; luego, apartaba unos 15 minutos para que los estudiantes trabajen en grupos. Mientras los otros hacían esto, en esos mismos minutos él se acercaba a la alumna con discapacidad para sintetizar oralmente los contenidos que no logró ver durante la clase.

Hay lineamientos, pero faltan recursos

Como realidades educativas, la discapacidad y la inclusión han sido dos frentes en los que viene trabajando el Ministerio de Educación desde hace algunos años. De acuerdo con la normativa nacional, “las instituciones de educación deberán contar con al menos una o un docente de apoyo a la inclusión que brindará acompañamiento a los docentes que tengan en sus aulas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad para desarrollar estrategias diversificadas, metodologías, así como adaptaciones curriculares individuales que respondan a sus particularidades”.

Este trabajo de apoyo suele recaer en las manos de los miembros del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), conformado prioritariamente por especialistas en psicología. María R. es una de estas profesionales que, en los últimos años, ha visto un crecimiento de la población con discapacidad en el sistema público. 

Ella cuenta que los mismos DECE están saturados con casos como violencia de género, acoso, problemas en los hogares, consumo de droga… En fin, una larga lista a la que se suman los estudiantes con discapacidad con quienes, regularmente, “se logra una adaptación curricular muy superficial y que prioriza dar una buena nota, mas no profundizar en contenidos según cada condición”.

El crecimiento de esta población requiere de un abordaje integral, especialmente si se toma en cuenta un factor en especial: la pandemia por el covid-19. En promedio, entre los años lectivos 2013-2014 a 2020-2021 se matricularon anualmente 31 595 estudiantes con discapacidad. Pero en el periodo 2021-2022, el primero con estadísticas reales sobre el impacto de la pandemia, sucedió algo: el número de estos estudiantes se situó en 46 484, es decir, creció 51 puntos con respecto al periodo previo. 

A pesar de las cifras, existe una clara ausencia de manuales para comprender, estudiar y mejorar los elementos inclusivos en las aulas. Al respecto, el Ministerio de Educación actualiza periódicamente el Instructivo para la aplicación de la evaluación alternativa a estudiantes con discapacidad, un documento que centra su atención en procedimientos relacionados con la firma de convenios de trabajo con padres de familia y mecanismos de evaluación al estudiante, sin embargo, no es un soporte claro para que el docente sepa cómo dar clases de matemáticas a un estudiante con discapacidad visual o sobre qué hacer en casos de alumnos con movilidad reducida durante la hora de educación física. 

“Todo queda a nuestro criterio; el distrito a veces se pronuncia”, señala Alejandra C., profesora de educación básica. En sus casi dos décadas como docente, ella ha tenido que trabajar con media docena de estudiantes con discapacidad. “La verdad toca revisar y revisar maneras creativas para dar esas materias. No es fácil porque ni estudiantes ni padres tienen tiempo para clases extras para reforzar conocimientos”, dice la docente.

La falta de guías es plausible en la propia página del Ministerio de Educación. Los documentos más extensos desarrollados en este tipo fueron elaborados durante los periodos presidenciales de Rafael Correa, completando en conjunto al menos 351 páginas de estrategias de trabajo en el aula para estos casos, disponibles en la página web de esta cartera de Estado. Durante la presidencia de Lenín Moreno aparece otro documento relacionado con la discapacidad visual en la educación intercultural bilingüe. De ahí en adelante, en el portal solamente se pueden encontrar anexos o documentos para desarrollar evaluaciones, más no cuadernillos o material similar que sirva para la formación docente.

Frente a esta situación, el Ministerio de Educación ha establecido una estrategia de educación especializada. Mediante esta, el Gobierno pretende trabajar directamente con esta población para apoyarla en sus procesos formativos. A 2022 se contaron 139 instituciones de este tipo, con 10 181 beneficiarios. Pero todavía quedan más de 30 000 estudiantes que no pueden acceder a estos servicios y que requieren de una atención estratégica para que puedan estar capacitados para los desafíos profesionales y educativos del futuro.

En este complejo escenario, la transparencia de la información y la accesibilidad a los datos abiertos resulta indispensable para identificar nuevos frentes de trabajo colaborativo que unan los esfuerzos de la academia, el gobierno y las empresas. El reto actual es fomentar una sociedad inclusiva que permita una formación académica exitosa a todos sus miembros. Tal como lo reconoce la Unicef en su informe ‘Reconocidos, contabilizados, incluidos: Utilizar los datos para arrojar luz sobre el bienestar de los niños y las niñas con discapacidad’ https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2022/05/Disability-report-executive-summary_ES.pdf : “El seguimiento de la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las iniciativas de desarrollo se ha visto obstaculizado durante mucho tiempo por la falta de datos fiables y exhaustivos”.  En ese sentido, fomentar una cultura de datos abiertos inclusivos es vital para visibilizar los desafíos y las oportunidades para los estudiantes con discapacidad en el Ecuador.

*Nota de descargo:

– Los testimonios recopilados para esta historia pertenecen a docentes que actualmente trabajan en el sistema público o privado, algunos de los cuales han preferido mantener su confidencialidad. El proceso de recopilación de información incluyó la selección de casos de profesionales ubicados en zonas del norte, centro y periferias del cantón Quito (que en el periodo analizado encabeza el listado de los cantones con mayor número de estudiantes matriculados con discapacidad)  y que hayan atendido al menos dos casos de estudiantes con discapacidad en los últimos tres años, o que hayan investigado sobre el tema como parte de sus estudio de grado o posgrado.

– La información para este reportaje ha sido recopilada del portal de Datos Abiertos del Ministerio de Educación y del repositorio digital de dicha institución. Para el análisis se ha optado por un corte pre y pos pandemia, a fin de conocer el efecto de la crisis sanitaria en la población seleccionada. Paralelamente, se hizo una búsqueda específica en Google de archivos tipo PDF que incluyan los términos “discapacidad”, “inclusión”, “inclusiva”, “necesidades educativas especiales” en el dominio www.educacion.gob.ec para conocer cuáles de estos correspondían a manuales o instrumentos técnicos para trabajar en el aula con estudiantes con discapacidad.

– La realización de este artículo fue posible gracias al apoyo de Fundación Datalat con el respaldo de la National Endowment for Democracy (NED) en el marco del proyecto +Datos +Transparencia. El contenido es responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la opinión de Fundación Datalat, NED, la Universidad Hemisferios o el Observatorio de datos abiertos “Al dato”.