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Una apología a la decadente situación laboral que enfrenta el sector rural en Ecuador, a la luz del manejo de los datos oficiales.

Por Sebastián Tamayo Villarroel* 

El debate laboral en el sector rural del Ecuador configura un debate histórico y romántico respecto a premisas como “el campo alimenta la ciudad”, sin embargo, la materialidad de las políticas laborales en este sector no advierte reducción alguna de las brechas frente a lo urbano, por el contrario, la brecha se acrecienta en los últimos diez años. 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) del 2008, reconoce dentro del modelo de descentralización y autonomía, tres niveles de gobierno, esto es el provincial, el cantonal y el parroquial rural. Conforme el modelo de equidad territorial inscrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) distribuye la asignación, por parte del Gobierno Central, hacia los gobiernos autónomos. Destina el 63% para 221 municipios, 27% para 23 prefecturas y apenas el 6% para 821 gobiernos parroquiales rurales. 

Si bien el legislador consideró el nivel de gobierno parroquial, esto responde a una lucha histórica gremial de organizaciones de dase quienes pujaron para conseguir mejores días para la gente de la jurisdicción rural, frente a innumerables problemáticas, entre ellas en materia laboral. Si bien las intenciones han contribuido a la ruralidad, las cifras dan cuenta que la política pública, específicamente en materia laboral, queda una deuda estructural. 

De acuerdo con la información y categorización de empleo, inscrita en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), anual del 2022; el empleo adecuado en el sector rural registra el 19,3% frente al urbano con el 42,3%; el subempleo rural el 23,4%, el urbano 21,6%; otro empleo no pleno rural 35,1%, urbano 25,5%; y empleo no remunerado en el sector rural ocupa 20% mientras el urbano 4,7%. Estas cifras advierten, a simple vista que las brechas son reales y cuantificables. 

GRÁFICO: SECTORIZACIÓN DEL EMPLEO – SECTOR FORMAL

Por su parte la sectorización del empleo en los datos oficiales, da cuenta de cuatro categorías, el sector formal, informa, doméstico y no clasificado. 

De acuerdo con la ilustración expuesta, entre diciembre de 2013 y abril de 2023, el sector formal en el sector urbano decreció en 6,60% mientras que el rural decrece 5%; sin embargo, esta categoría en la urbanidad llega al 55,30% mientras que en la ruralidad 18,60%. Alarmante pues da cuenta que la brecha entre lo urbano y rural en el 2013 fue de 38,30% y en el 2023 fue 36,70%, en favor del sector urbano. 

En concordancia, la ilustración 2 contrapone el sector informal entre lo urbano y lo rural donde se aplaude el decrecimiento en el sector urbano del 10,60% entre 2013 y 2023; y del 17,60% en la ruralidad. Sin embargo, la brecha de desigualdad, en perjuicio del sector rural en 2013 registra el 31,30% y en 2023 el 38,20%. 

Además, el Banco Mundial expone cifras respecto a la población rural, en el 2013 representó el 37%, mientras que en el 2023 el 35% del total de la población del país. Es decir, en 10 años la población rural redujo dos puntos porcentuales: la población persiste y las brechas también. 

El reto frente a la situación laboral del sector rural comprende una deconstrucción estructural que permita fijar la mirada con especial énfasis en la dinámica rural que comprende entender la concepción del trabajo de los concheros, cangrejeros, pescadores artesanales, agricultores, ganaderos, entre otros oficios que, por la naturaleza de la actividad, difícilmente puedan claudicar a los preceptos urbanos. 

La filantropía retórica del “campo alimenta a la ciudad” debe revertirse en discriminación positiva para quienes dirimen la política pública en el país.