En Ecuador, la política de drogas ha estado marcada en los últimos años por un enfoque punitivo: más control, más operativos, más sanciones. Sin embargo, detrás de este modelo surgen preguntas incómodas pero necesarias: ¿realmente está funcionando? ¿A quién está impactando con mayor fuerza?
Desde estas inquietudes nace una iniciativa que pone en el centro a quienes muchas veces quedan fuera del análisis: las mujeres vinculadas a delitos de drogas. A partir de más de 57 mil registros del sistema penal entre 2019 y 2025, se desarrolló un ejercicio de análisis de datos que buscó ir más allá de las cifras. El objetivo no era solo mostrar números, sino entender patrones, identificar perfiles y visibilizar dinámicas de vulnerabilidad.
Este proceso se materializó en un encuentro realizado el 26 de marzo de 2026 en APU WASI, Quito, en modalidad híbrida, con la participación de alrededor de 50 personas. Impulsado por REDCANN, con el apoyo de Datalab, el Observatorio de Datos Abiertos “Al Dato” y Alidia, el espacio reunió a actores con una motivación común: generar evidencia para repensar las políticas actuales.
Desde el inicio, el ambiente se sintió distinto. No era una presentación tradicional. Los datos no se quedaron en gráficos; se convirtieron en detonantes de conversación. A través de la exposición de hallazgos clave, se evidenció una realidad persistente: el perfil de las mujeres vinculadas a delitos de drogas prácticamente no ha cambiado en los últimos siete años. Un dato que, más que tranquilizar, genera alerta.
La metodología combinó momentos de socialización de información con espacios de diálogo abierto. Las discusiones giraron en torno a la efectividad del enfoque punitivo, las lecciones de experiencias internacionales y la necesidad de incorporar una mirada más integral. Pero lo más potente fue cómo estos espacios lograron conectar la evidencia con la experiencia.
Uno de los momentos más significativos fue el taller participativo sobre políticas alternativas de drogas con enfoque de equidad. Allí, las y los participantes trabajaron directamente con datos y relatos, cruzando cifras con historias reales. Este ejercicio permitió entender que los números, por sí solos, no explican el fenómeno; es en la interacción con las vivencias donde realmente cobran sentido.
A esto se sumó el panel “Voces desde la experiencia”, un espacio que llevó la conversación a un plano aún más humano. Mujeres vinculadas a procesos colectivos compartieron sus trayectorias, desafíos y resistencias. Sus testimonios evidenciaron algo clave: muchas de las realidades que enfrentan no están reflejadas en los datos disponibles.
Uno de los hallazgos más relevantes del encuentro fue precisamente la falta de información desagregada. Variables como el tipo de sustancia, las condiciones familiares o los contextos socioeconómicos siguen siendo invisibles en muchos registros. Esta ausencia limita la comprensión del fenómeno y, en consecuencia, las posibilidades de diseñar políticas públicas más efectivas.
A pesar de estas limitaciones, los datos analizados permitieron identificar patrones claros. Aproximadamente el 22% de las detenciones de mujeres en Ecuador están relacionadas con delitos de drogas, una cifra que se ha mantenido estable en el tiempo. Además, cerca del 80% de estas mujeres tiene menos de 40 años y vive en condiciones de vulnerabilidad social y económica.
Estos resultados apuntan a una conclusión directa: el enfoque punitivo no está generando cambios estructurales. En lugar de eso, sigue impactando de manera constante a los eslabones más débiles de la cadena, sin alterar las dinámicas de fondo del narcotráfico.
A partir de esta evidencia, el espacio también abrió la puerta a pensar en alternativas. Se discutieron políticas públicas con perspectiva de género, incluyendo referencias a experiencias internacionales. Entre las propuestas, se destacó la necesidad de redirigir recursos hacia estrategias de prevención, atención y reducción de daños, reconociendo que muchas de las mujeres involucradas no ocupan roles de alto nivel, sino que son fácilmente reemplazables.
Más allá de los resultados, el encuentro dejó aprendizajes importantes. Uno de ellos es que los datos, cuando se analizan con enfoque de género, visibilizan realidades ocultas. Otro, igual de relevante, es que los espacios de diálogo colectivo permiten conectar evidencia con experiencias reales, generando una comprensión más profunda.
También quedó en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de información en el país. Sin datos completos y desagregados, cualquier intento de análisis será parcial. Y en un tema tan complejo, los vacíos de información pueden traducirse en decisiones que perpetúan desigualdades.
En este contexto, la participación ciudadana aparece como un elemento clave. Iniciativas como la propuesta de regulación integral del cannabis impulsada por REDCANN muestran que es posible construir alternativas desde la sociedad, apostando por enfoques que reduzcan la criminalización y abran oportunidades sociales y económicas.
De cara al futuro, se prevé continuar con este tipo de análisis y generar nuevos espacios de diálogo que amplíen la conversación. La iniciativa ya ha comenzado a replicarse en espacios como FLACSO, donde se han compartido los hallazgos y se han posicionado alertas sobre los efectos del enfoque actual.
Estos esfuerzos permiten fortalecer una agenda de datos abiertos en Ecuador que sea útil, crítica y orientada a la acción.
Porque al final, este proceso deja algo claro: los datos no son solo números. Son herramientas para entender realidades, cuestionar lo establecido y abrir caminos hacia políticas más justas.
Se agradece a todas las personas e instituciones que hicieron posible este espacio. Y la invitación queda abierta: seguir analizando, dialogando y construyendo colectivamente, porque repensar la política también es una forma de transformar la realidad.
